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El fondo documental González Zapatero se incorpora al Archivo ACdP-CEU
18 de enero de 2023
- Un excepcional fondo archivístico con documentos jurídicos, políticos y personales de la segunda mitad del siglo XX ha pasado a formar parte de los Archivos de la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Se trata del de Eleuterio González Zapatero (1916-1981), propagandista y sucesivamente director general de Archivos y Bibliotecas, subsecretario de Justicia y fiscal general del Reino.
La biblioteca de la sede en Madrid de la ACdP acogió la firma del convenio de donación, que presidió D. Alfonso Bullón de Mendoza Gómez de Valugera, presidente de la Asociación, y D. Antonio González-Zapatero Domínguez, hijo del insigne propagandista, que acudió al acto acompañado de su familia y otros invitados ilustres, entre los que destacan el ex presidente del Tribunal Constitucional, D. Pedro González-Trevijano, en el que fue su primer acto público tras cesar en sus altas funciones; D. Alberto Ruiz-Gallardón, ex ministro de Justicia; D. Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado, así como la secretaria general de la Asociación Católica de Propagandistas, Dª Carmen Fernández de la Cigoña; el director del Centro de Documentación, Investigación y Formación de la ACdP, D. Pablo Sánchez Garrido, y la directora de Archivos y Bibliotecas de la ACdP-CEU, Dª Ascensión Gil.
D. Antonio González Zapatero nació el 4 de mayo de 1916 en la localidad salmantina de Salvatierra de Tormes. Tras concluir la Guerra Civil como teniente, culminó Derecho con premio extraordinario en la Universidad de Salamanca y obtuvo la misma distinción al doctorarse en 1941, con la tesis “Organización judicial y procesal del Santo Oficio”. Desde 1942 fue profesor ordinario de Derecho penal en el CEU. Número uno en las oposiciones de 1945 a la carrera fiscal, fue destinado a la Audiencia de Murcia en 1947, Plasencia (Cáceres) y Zamora (1951) concursando y obteniendo plaza en la de Madrid en 1952. Durante su trayectoria profesional participó en relevantes causas, como los procesos Matesa y Jarabo. Entre los documentos donados figuran sus notas de los expedientes disciplinarios que concluirían, en los años 60, con la separación del servicio de los catedráticos José Luis López-Aranguren, Agustín García Calvo, Enrique Tierno Galván, Santiago Montero Díaz y Mariano Aguilar Navarro.
En 1965 fue nombrado director general de Archivos y Bibliotecas, siendo ministro de Educación Manuel Lora-Tamayo. Como tal fue consejero del consejo nacional de Educación y vocal del II Plan de Desarrollo. Quiso dotar de una biblioteca, especialmente en el ámbito rural y por sencilla que fuese, a cada municipio español. En 1968, su intervención y la del ministro hicieron posible la adquisición, por parte del Estado, del archivo personal de Unamuno a su familia y su definitiva incorporación a la Universidad de Salamanca.
Al ejercicio profesional activo unió su vocación docente. Cuando en 1969 el ministro de Educación, José Luis Villar Palasí, le confirmaba la necesidad de que las Escuelas de Práctica Jurídica se adscribiesen al ministerio de Justicia a efectos administrativos, al igual que la Escuela Diplomática dependía del de Exteriores, lo hizo reforzando su acertado criterio, como impulsor del anteproyecto de Decreto de regulación de dichas escuelas, que fue finalmente aprobado el 12 de noviembre de 1970. Dos años más tarde, siendo ministro de Justicia Antonio María de Oriol, era nombrado director de la de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de Madrid, siéndolo hasta su fallecimiento.
Al producirse en 1975 el nombramiento de José María Sánchez-Ventura y Pascual como ministro de Justicia, es nombrado subsecretario del departamento, siendo testigo de los históricos acontecimientos de los que el ministro, como notario mayor del Reino, levantó acta en noviembre de ese año: el fallecimiento del jefe del Estado, su inhumación en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la proclamación de Don Juan Carlos I. González Zapatero había colaborado mano a mano con el titular de la cartera en delicadas cuestiones, como el control de daños que exigía la sentencia y posterior indulto del caso Matesa, o preparar y formar parte de la misión extraordinaria que representó a España en las ceremonias de canonización de los beatos Vicenta María López de Vicuña, fundadora de las religiosas de María Inmaculada, y Juan Bautista de la Concepción, reformador de la Orden Trinitaria en el siglo XVI, presididas en la Santa Sede por san Pablo VI. Para aquella visita trazó minuciosamente para el titular de Justicia las audiencias privadas que le concedió el pontífice y que reunió a Sánchez-Ventura con el secretario de Estado, cardenal Villot, y monseñor Casaroli, que lo sería a su vez en el pontificado de san Juan Pablo II. En medio de encuentros protocolarios, subyacían en el ambiente de las relaciones Iglesia-Estado los rumores en la prensa de negociaciones para un nuevo Concordato que sustituyera al firmado en 1953, que desde Justicia fueron desmentidos, si bien ocho sedes episcopales continuaron vacantes.
Eleuterio González Zapatero había ingresado en la Asociación Católica de Propagandistas en 1942. Fue director interino del Colegio Mayor de San Pablo y miembro de su consejo asesor y patronato. Conoció a numerosas generaciones de propagandistas, con sólidas amistades en todas ellas, amén de la admiración que suscitó en las promociones de juristas que se formaron gracias a sus enseñanzas en las aulas del Centro de Estudios Universitarios. De espiritualidad sincera y muy devoto de Santa Teresa de Jesús, falleció en Madrid en marzo de 1981, víctima de un infarto, a los 64 años. Su inesperada muerte causó hondo pesar.
La donación de su valioso fondo documental, gracias a las gestiones de Regina Plañiol, directora de Presidencia de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, se enmarca en las actividades coordinadas del Centro de Documentación, Investigación y Formación de la ACdP (CEDINFOR) y de Archivos y Bibliotecas ACdP-CEU, que vienen desarrollando amplias labores de localización e incorporación del patrimonio documental de propagandistas históricos, haciendo posible su identificación, localización, donación y posterior catalogación, conservación y puesta a disposición para consulta por los miembros de la ACdP e investigadores y estudiosos que lo soliciten.